La Legislatura porteña aprobó ayer la
adhesión de la ciudad de Buenos Aires al protocolo nacional para la
“interrupción legal del embarazo” (ILE) con 50 votos a favor, 7 en contra y 3
abstenciones, en una sesión que contó con la participación de todos los
diputados. De los legisladores de la coalición oficialista Vamos Juntos, solo 7 de 26 votaron en contra. El protocolo ILE,
establecido por el ministro de Salud, Ginés González García, en diciembre de
2019, prevé que el aborto es legal si resulta de una violación o si el embarazo
implica riesgos para la salud de la mujer.[1]
El apoyo mayoritario del oficialismo a
este proyecto del kirchnerismo no debería sorprendernos, puesto que fue Mauricio
Macri quien decidió abrir el debate nacional sobre el aborto, en su discurso de
apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, en marzo de 2018. Cito sus
palabras:
“La
educación sexual es una herramienta que empodera a los jóvenes. Los ayuda a
tomar decisiones informados. Estamos trabajando con el equipo de Desarrollo
Social, Salud y Educación en una iniciativa integral para que, en las escuelas,
en los centros de salud y en las comunidades, haya profesionales que acompañen
y asesoren a los chicos en Educación Sexual, salud reproductiva y métodos
anticonceptivos. Sólo con información van a tener la libertad de elegir qué
quieren para su vida. Hace 35 años que se viene postergando un debate muy
sensible que como sociedad nos debemos: el aborto. Como más de una vez dije,
estoy a favor de la vida. Pero también estoy a favor de los debates maduros y
responsables que, como argentinos, tenemos que darnos. Por eso, vemos con
agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año. Espero que
se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas”.[2]
Posteriormente, el 18 de julio, luego
de la aprobación del aborto por la cámara de diputados, Macri había ratificado
su postura:
“Yo
abrí el debate porque creo que la Argentina tiene que hacerlo, es un camino
hacia el crecimiento de ejercer nuestras libertades con responsabilidad. Creo
que estos debates enriquecen y no les tenemos que tener miedo. Pienso que lo
importante es valorar lo que estamos logrando. Algo que era tabú, de lo que no
se podía hablar, lo estamos debatiendo como corresponde. Estos debates
enriquecen y no hay que tenerles miedo. Lo peor es creer que no estamos en
condiciones. Los argentinos hemos madurado mucho”.[3]
Y el 9 de agosto, tras el rechazo del
Senado, mantuvo su posición, reivindicando con orgullo el haber debatido sobre
un tema “tabú”, y asegurando que el debate “va a continuar”, porque:
“los
argentinos estamos madurando en libertad, entendiendo lo que significa vivir en
democracia. (…) Queremos que estas chicas realmente tengan la posibilidad de
elegir, de planificar su vida (…) no queremos que crean que su vía de
desarrollo es tener un chico cuando no están en condiciones”.[4]
El ministro de “salud” nos explica en
el prólogo que:
“este
protocolo deberá ser actualizado cuando los estándares jurídicos, estándares
clínicos y el avance del progreso científico reconozcan más derechos e introduzcan
nuevas evidencias. Estas modificaciones deberán ser siempre progresivas, dado
que mejorar la vida y la salud de las personas requiere de bases científicas
cada vez más sólidas y de un reconocimiento de derechos cada vez más integral e
inclusivo”.
Resulta difícil de comprender cómo
puede pretenderse “mejorar la vida y la salud de las personas” asesinando al
niño por nacer, inocente e indefenso, en el seno de su madre. En cuanto a las
“bases científicas” a las que hipócritamente apela el ministro, como médico,
debería saber que, en la concepción, se inicia una nueva vida, distinta de la
de la madre, con un ADN propio. Y en lo que se refiere al “reconocimiento de
derechos”, no es posible ignorar que el primero de ellos es, justamente, el
derecho a la vida, que es denegado al niño por nacer por los partidarios del
aborto.
Veamos cómo debe entenderse la causal
de aborto por motivos de “salud”. Cito el protocolo, página 16:
“La
salud es un concepto integral que tiene tres dimensiones: física, mental y social,
de acuerdo a lo establecido por la OMS. La afectación de la salud mental
incluye el dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de
la integridad personal y la autoestima. El peligro para la salud debe ser
entendido como la posibilidad de afectación de la salud. No requiere la
constatación de una enfermedad y, en este sentido, no debe exigirse tampoco que
el peligro sea de una intensidad determinada. Bastará con la potencialidad de
afectación de la salud para determinar el encuadre como causal de no
punibilidad para el aborto. El concepto de peligro no exige la configuración de
un daño, sino su posible ocurrencia”.
Con respecto al aborto en caso de
violación, el protocolo afirma lo siguiente, en la página 17:
“En
los casos de violación, nunca es exigible la denuncia policial o judicial para
acceder a una ILE, basta con una declaración jurada de que el embarazo es producto
de una violación. En el caso de las niñas (menores de 13 años) la declaración
jurada no es necesaria. Si existe una denuncia judicial o policial previa a la
solicitud de ILE, puede adjuntarse una copia a la declaración jurada, pero
nunca contar con dicha copia es un requisito. En ningún caso la recolección de
material genético como evidencia forense puede convertirse en una barrera o
generar dilaciones en el acceso a la práctica. La declaración jurada debe ser
simple, sin formalidades legales, y no se podrá exigir a la persona que
profundice en las circunstancias del hecho o que brinde prueba alguna”.
Huelga decir que esto equivale a la
legalización pura y simple del aborto, dado que, de ahora en más, será
suficiente alegar un perjuicio de orden psicológico o bien declarar que el
embarazo es producto de una violación, sin necesidad de efectuar siquiera la
denuncia policial o penal. Con este protocolo, el rechazo del proyecto
abortista por el Congreso de la Nación, en agosto de 2018, queda literalmente sin
efecto.
Para agravar la situación, la autoridad
de los padres sobre sus hijos es completamente ignorada. Cito de la página 20:
“Todas
las personas de 16 años o más son consideradas por la legislación argentina
como adultas en lo referente al cuidado del propio cuerpo. Por ello, pueden
otorgar por sí mismas su consentimiento informado y realizar personalmente y
firmar la declaración jurada requerida para la interrupción de un embarazo
producto de una violación (en caso de que corresponda) sin que se requiera el
asentimiento de sus progenitores o representantes legales. Todas las personas
adolescentes de entre 13 y 16 años pueden brindar su consentimiento en forma
autónoma si se trata de prácticas que no representen un riesgo grave para su
vida o su salud. (…) Sólo en estas últimas situaciones será necesario, además
de su consentimiento, el asentimiento de sus progenitores”.
Daría la impresión de que la
autorización de los padres sería necesaria, al menos, en el caso de las niñas
menores de 13 años, pero ni siquiera en este caso es así. Los invito a
comprobarlo, leyendo este pasaje, tomado de la página 21:
“Todas
las niñas, es decir menores de 13 años, podrán brindar su consentimiento con el
acompañamiento de sus progenitores, representantes legales, personas que
ejerzan formal o informalmente roles de cuidado, personas allegadas o
referentes afectivos. (…) Si existiera una negativa de progenitores, tutores o
encargados de acompañar la decisión de la niña, podrá ser acompañada para
brindar su consentimiento por otro/a referente afectivo. Si no existiera esta
posibilidad, el conflicto debe resolverse desde el equipo de salud teniendo en
cuenta el interés superior de la niña, la regla de no sustitución del
consentimiento, y la aptitud de la niña para decidir en base al desarrollo de
su autonomía progresiva”.
En definitiva, con este protocolo, a
los padres no se les reconoce derecho alguno a oponerse al aborto de sus hijas
menores. La patria potestad es completamente conculcada por el tiránico poder estatal.
Para poder acceder al aborto, basta con esgrimir la posibilidad de un perjuicio
del propio bienestar emocional. Así de simple. Cabe destacar que este hecho
aciago tuvo lugar al día siguiente de los festejos oficiales por el décimo aniversario
de la aprobación del “matrimonio igualitario”. Por este motivo, el gobierno de
la ciudad de Buenos Aires hizo iluminar los principales monumentos y edificios
públicos con los colores de la agrupación LGBT.
El PRO incluso publicó un tweet, jactándose
del hecho de que el entonces presidente, Mauricio Macri, hubiese allanado el
camino a la sanción de esta “ley”, al negarse a apelar el fallo judicial del 13
de noviembre de 2009, por el cual la jueza Gabriela Seijas había declarado
inconstitucionales los artículos 172 y 188 del Código Civil, según los cuales
el matrimonio “debe realizarse entre un hombre y una mujer”, permitiendo que
los peticionantes, Alex Freyre y José María Di Bello, pudieran casarse en
diciembre del mismo año, pocos meses antes de la sanción de la ley por el
Congreso[5]:
“En
el 10º aniversario de la Ley de Matrimonio Igualitario, recordamos esta
decisión pionera de @mauriciomacri que abrió el camino a la igualdad.
Celebramos este aniversario y seguimos trabajando para una Argentina más libre
y diversa: Tweet de Mauricio Macri @mauriciomacri del 13 nov. 2009: No
apelaremos el fallo sobre matrimonio gay. - http://bit.ly/no-apelaremos
matrimoniogay”.[6]
En su momento, Macri se había
manifestado públicamente en favor de dicha sentencia:
“Siento
que esto es un paso adelante, porque acá lo que hay que aprender es a vivir en
libertad, sin vulnerar los derechos de los otros. (…) En este caso, es el
derecho de la gente a ser feliz, en base a sus propias decisiones. (…) Tenemos
que aceptar esta realidad de que el mundo va en esta dirección. (…) Estoy
contento que el gobierno no apele. Y espero que sean felices”. [7]
Resumiendo: Tanto el oficialismo como
la “oposición” son favorables al abominable crimen del aborto y a la aberración
jurídica y moral que representa el “matrimonio igualitario”. Mientras el país
se sumerge cada día más en una crisis económica y sanitaria sin precedentes, a
causa del confinamiento irracional y totalitario que nos inflige el gobierno
desde hace cuatro meses -secundado celosamente por la oposición-, bajo el
pretexto de una pandemia imaginaria, nuestros dirigentes, de consuno, celebran
insensatamente el “homomonio” y promueven la masacre de los niños inocentes e
indefensos en el seno de sus madres, mereciendo que se les aplique con total propiedad
el adagio clásico: “Quos vult perdere Deus, dementat prius”.
El Congreso de la
Nación iluminado con los colores de la
“diversidad sexual”
[4]https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/macri-afirma-que-debate-sobre-aborto-continuara-tras-rechazo-del-senado/ https://www.facebook.com/mauriciomacri/videos/10156790587533478/?__cft__[0]=AZUNghl1gFiZwHX4VDN5YmIAypW_ER71OXjAZexzGMngaLjDkvT91ctCcWgRQmT_ZPW88cAUN2_YEkwQwKVQMnXPwWi5An6EM2Efco6j3WpDenzNmpMtsc1yjMiGJ_nnA66n-9drcx0WuMMesxrz_I4g64E_UF8syw5dWOgYQvC1Lfau0nOvvGF4ErKnNmlDcNlhlu4OuqVg8hQAD_PODkH_
No tienen derecho, la ley no fue aprobada por el senado en el 2018 y el gobierno de la ciudad tiene que estar subordinado al congreso nacional.
ResponderBorrar